El nuevo modelo de justicia laboral tendrá el cambio más radical en la forma de administrar la justicia laboral en nuestro país, Sebastián Orduño
Para conocer los avances y retos en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en el Estado de Sonora, el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, junto con la Comisión de Asuntos del Trabajo que preside, sostuvo una reunión con los encargados de dicha materia en el Supremo Tribunal de Justicia.
El diputado Orduño, recibió al magistrado Javier Enríquez Enríquez, quien acudió con la representación del presidente del STJ, magistrado Rafael Acuña Griego, así como a la directora general de proyectos especiales, Marina Guadalupe Marín Torres.
El legislador destacó la importancia de conocer, de manera directa, cuál es el status que guarda la implementación del nuevo modelo, de identificar los retos pendientes de resolver y de trabajar en conjunto con todos los niveles de gobierno, para que el 3 de octubre del presente, en Sonora estén perfectamente sentadas las bases de una administración de justicia laboral no solo pronta, sino expedita e imparcial en beneficio de los trabajadores y empleadores de la entidad.
“A raíz de la reforma constitucional al Artículo 123 publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de mayo de 2019, el modelo de justicia laboral que hoy conocemos presentó el cambio más radical en la forma de administrar la justicia laboral en nuestro país”, expresó.
Con dicha reforma cambió el modelo tripartita creado en las juntas de conciliación y arbitraje, dependientes de los poderes Ejecutivo Federal y estatal, en sus respectivas competencias, dijo, para migrar a un nuevo modelo donde la justicia laboral estará a cargo de jueces dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los estados, también en sus respectivas competencias.
El Presidente de la Comisión de Asuntos del Trabajo agregó que el Estado de Sonora se encuentra en la tercera y última etapa del modelo de implementación de justicia laboral, y el pasado 18 de enero se determinó prorrogar la fecha de entrada en vigor, que inicialmente sería el 1 de mayo para quedar el 3 de octubre del presente año.