Que la Constitución de Sonora tenga lenguaje incluyente en los criterios de elegibilidad para los cargos públicos: Bancada Naranja
La Bancada Naranja propuso reformar artículos de la Constitución Política de Sonora, que establecen los requisitos de elegibilidad para los siguientes cargos: la Gubernatura del Estado, las Diputaciones locales, la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jueces, Magistrados y Magistradas, entre otros.
La diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, a nombre de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, también conformada por Natalia Rivera, Jorge Russo y Ernesto de Lucas, indicó que la relevancia de subsanar el lenguaje excluyente tiene su fundamento en la subrepresentación histórica de las mujeres. En Sonora, solo ha sido electa una mujer para el cargo de Gobernadora del Estado en el periodo 2015-2021; apenas en 2021, esta legislatura, se integró por primera vez de manera paritaria; la Secretaría de Gobierno del Estado nunca ha tenido una mujer como titular, al igual que la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ante esta realidad histórica, y reconociendo que el lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad y cultura determinada; es de elemental relevancia que cuando pensemos en la elección de los diversos cargos públicos de este gran Estado, exista la posibilidad desde el lenguaje de que sean ocupados por mujeres.
En 2015 se establecieron objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible para el 2030, estableciendo metas específicas que incluyen la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; entendiendo a la igualdad de género como un derecho humano fundamental y esencial para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
La legisladora ciudadana dio a conocer que la Organización de las Naciones Unidas reconoce en la evaluación de dichos objetivos, que, a pesar de existir avances importantes durante las últimas décadas, todavía existen muchas dificultades: entre ellas, se señala que las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos los niveles de liderazgo político.
En 2018, el Estado mexicano presentó su informe de seguimiento como parte de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. En las observaciones finales se encomia a nuestro país una serie de recomendaciones; en materia de participación en la vida política y pública; el Comité reitera la necesidad de aplicar cabalmente la recomendación general número 23 (1997), con miras a acelerar la participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en los poderes ejecutivo y judicial, especialmente en el plano local.
