APRUEBAN REFORMAS DE LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA.

Las y los diputados del Congreso del Estado aprobaron establecer cambios organizativos para la reorientación y reestructuración de la Defensoría Pública que otorga servicios legales a las y los sonorenses.

 

La diputada morenista María Jesús Castro Urquijo explicó que con las modificaciones se iguala el marco jurídico con la estructura organizacional, con el propósito de otorgar una mejor atención a las personas usuarias.

 

Detalló que se busca fortalecer el adecuado desempeño de la institución, así como definir de manera clara y precisa las atribuciones, funciones, obligaciones, prohibiciones y responsabilidades de los defensores públicos, a fin de garantizar un marco normativo sólido que regule el ejercicio de sus labores y promueva la excelencia en el desempeño de sus funciones.

 

“Se llevan a cabo diversas modificaciones a varios artículos de la norma jurídica, con el objeto de llevar a cabo una reingeniería administrativa desde la definición de la misma, pasando por las facultades de su titular y de las áreas que la componen, los cargos de los servidores públicos que integran el organigrama de la Defensoría, sus atribuciones, entre otros aspectos. Además, se redefine el proceso para ingresar a laborar en la institución y la formación y capacitación del personal que la integra, con la finalidad de mejorar la prestación de servicio que se realiza a la ciudadanía en general, pero en especial a aquellas personas que no pueden tener acceso a una defensa particular”, detalló Castro Urquijo.

 

Para lograr una organización y protección con mayor eficiencia, resaltó la legisladora de Morena, el defensor público deberá elaborar y suscribir convenios, acuerdos, contratos y demás instrumentos jurídicos necesarios para la consecución de los fines de la Defensoría; diseñar e implementar sistemas de formación, capacitación y actualización dirigidos al personal; proponer ante el Poder Ejecutivo del Estado el nombramiento del personal encargado de las diferentes áreas de la Defensoría Pública; capacitar de manera permanente en materia de lenguaje de señas y el sistema de lectoescritura Braille; entre otros.