Amplía Congreso alcances legales de la Junta de Caminos del Estado

Con el objetivo de ampliar los alcances legales de la Junta de Caminos del Estado, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la legislación en la materia, la cual cambiará su denominación a Ley que crea la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora.

La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial estudió la iniciativa que el pasado 2 de marzo remitió el titular del Poder Ejecutivo estatal ante esta Soberanía, y presentó el dictamen en el que se asienta que este cambio permitirá “abrir la posibilidad de ampliar su estructura de acuerdo a sus necesidades; tendría un nombre más apegado a sus funciones y una estructura operativa más dinámica”.

Además de modificar la denominación de la Ley, la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora estará sectorizada a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; se sustituye la figura del Consejo de Administración por la Junta Directiva; y se actualiza la composición de este órgano de dirección, establece el Decreto, al que dio lectura la diputada Claudia Zulema Bours Corral.

El organismo tendrá la obligación de modernizar las carreteras y caminos que se deriven de los programas de inversión pública y de apoyo social, y no solo aquellos caminos que procedan de programas convenidos, además se eliminará la facultad de intervenir en el estudio y autorización de los vehículos y cargas que deban transitar por la red carretera a su cuidado, ya que esa facultad corresponde a otras autoridades.

La Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora podrá brindar apoyo a los municipios en la planeación, programación, ejecución, conservación o mantenimiento de calles, bulevares, caminos rurales y demás vialidades a cargo de los órganos de gobierno, además de que el Director General podrá celebrar convenios de colaboración con autoridades municipales, estatales y federales, y con el sector privado.

En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó dos acuerdos, uno mediante el cual el Poder Legislativo resuelve exhortar a la y los titulares de diversas dependencias del Ejecutivo estatal y a la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, respecto a políticas públicas para la disminución de la incidencia de los delitos sexuales en el Estado.

La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, expuso que los titulares serían los de las secretarías de Seguridad Pública, de Educación y Cultura, y del Trabajo, para que, de manera coordinada y atendiendo a las facultades y obligaciones que los diversos ordenamientos jurídicos les imponen, elaboren políticas públicas o mejoren las existentes, con la finalidad de que disminuyan los índices delictivos, particularmente los relacionados con los delitos sexuales contemplados en el Código Penal del Estado de Sonora.

También se dirige a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que realicen capacitaciones continuas a los agentes del Ministerio Público, respecto a la integración de las carpetas de investigación, específicamente las que tienen que ver con la probable comisión de los delitos sexuales referidos.

Junto con el punto de Acuerdo, la legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, con el objeto de dar claridad, tanto a los ciudadanos como a las autoridades encargadas de llevar a cabo las investigaciones que pueden ser constitutivas de los diversos delitos que se consignan en la legislación, mediante un nuevo capítulo dentro del Título Primero del Libro Primero.

Explicó que mediante un artículo se consignaría que, para efectos de la persecución de delitos, se dividirán en persecución de oficio y de querella, a solicitud de la víctima u ofendido, o por su equivalente cuando la Ley lo exija y, en el caso de los delitos donde no se establezca textualmente la forma de su persecución e investigación, esta será de oficio. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El segundo Acuerdo aprobado por el Pleno resuelve exhortar a las autoridades correspondientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a realizar una mesa de trabajo con autoridades de Estados Unidos, para manifestar el trabajo realizado en materia de pesca sustentable.

El diputado Ernesto Roger Munro Junior afirmó que el objetivo es quitar la restricción del camarón de exportación en el Alto Golfo de California, en beneficio directo de las y los pescadores, así como de la economía sonorense, ya que el vecino país del Norte solo permite vender camarón en territorio nacional, lo que deja en desventaja a las y los pescadores, ya que se les paga una fracción mínima de lo que sería el precio por medio de la exportación en Estados Unidos, lo que afecta gravemente la economía de quienes se dedican a la actividad de la pesca.

“De continuar la prohibición en la materia y no poder exportar este producto a Estados Unidos significaría la disminución de más de 26 mil empleos directos y 105 mil indirectos, tan solo en Sonora y Sinaloa, así como una afectación al bienestar de más de 131 mil familias que dependen de esta actividad”, aseveró el legislador por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario.