Ningún agresor en el poder: Bancada Naranja

La diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, presentó a nombre de la Bancada Naranja propuesta de reforma a diversas leyes secundarias para que ningún sujeto o persona vinculada a proceso, sancionada o condenada, mediante resolución firme, por agresión sexual, familiar o deudor alimenticio ocupe un cargo público._

Ante el avance de la iniciativa popular Ley “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres para el Estado de Sonora”, que será integrar en la Constitución local el que las personas con antecedentes como agresores de violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o deudores alimentarios, con antecedentes o morosos, no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular, la diputada Rosa Elena Trujillo presentó, a nombre de la Bancada Naranja, iniciativa de reforma a diversas leyes secundarias para lograr la armonización necesaria que permita la adecuada aplicación de Ley en Sonora.

La propuesta implica reformar leyes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial: de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Orgánica del Poder Ejecutivo; Orgánica del Poder Judicial; Orgánica del Poder Legislativo; Orgánica de la Fiscalía General de Justicia; De Gobierno y Administración Municipal; del Instituciones y Procedimientos Electorales; de Responsabilidades y Sanciones, todas del Estado de Sonora en materia de armonización legal de la 3 de 3, contra la Violencia hacia las Mujeres, que permitiría que ninguna persona ocupe un cargo público si no cumple con los siguientes requisitos:

1. No estar sujeto o vinculado a proceso y/o haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme, por el delito de deudor de pensión alimenticia y/o haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por demanda familiar de pensión alimenticia además de no contar con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda.

2. No estar sujeto o vinculado a proceso y/o haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme, por el delito de violencia familiar o cualquier agresión en razón de género en el ámbito privado o público.

3. No estar sujeto o vinculado a proceso y/o haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por delitos en contra de la libertad sexual o a la intimidad corporal.

El pasado 24 de noviembre de 2022, la coordinación de la Observatoria Ciudadana Todas Mx- Sonora, hizo entrega formal a este Poder Legislativo de la iniciativa popular de Ley “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres para el Estado de Sonora”.

Una propuesta que se logró gracias a miles de personas suscribieron la iniciativa emprendida por las colectivas de mujeres; reconociendo la urgente necesidad de elevar los estándares de calidad en la representación política y en el ejercicio público; al tenor de los siguientes argumentos:

El antecedente inmediato de la aplicación de los lineamientos y criterios de la 3 de 3, se sustentan en el acuerdo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Sonora, de fecha 10 de febrero de 2021; por el que se aprobaron los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 2021, que fue aplicado para el total de los registros por la OPLE en Sonora. Que, a su vez, se basa en el acuerdo emitido en 2020 por el Consejo General del INE.

Al igual que las colectivas promovente, quienes integramos la bancada de Movimiento Ciudadano en Sonora, manifestamos que el Estado tiene la responsabilidad de fortalecer la legislación vigente para proteger los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional, adoptando medidas de prevención para garantizar que quienes ocupen cargos públicos en los órganos del poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como en los órganos públicos autónomos, no cuenten con antecedentes de violencia familiar, de incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia sexual y violencia de género en cualquiera de sus modalidades.

Entendiendo que la violencia contra las mujeres y en razón de género es un problema generalizado en el mundo, en términos de violaciones de derechos humanos; de acuerdo a datos reunidos por el Observatorio Nacional del Feminicidio/Sonora ocupamos el primer lugar nacional en el indicador de llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar.

En tanto a los deudores alimentarios; como ha sido señalado por el Frente Nacional de Mujeres impulsoras de la Ley contra deudores alimentarios, en México existen más de 35 millones de madres autónomas que ejercen la crianza desde la precariedad y en medio de violencia económica y emocional debido a que el 40% de las infancias tiene un padre que no está aportando para su manutención.

Garantizar que ninguna persona agresora acceda al poder, inhibe conductas reprobables que se encuentran arraigadas y normalizadas en nuestra sociedad; eleva los estándares de la participación política y nos permite incidir, en que ninguna persona se valga de un espacio de poder para seguir re victimizando, a la vez que goza de impunidad.