Por ley, sonorenses deben tener acceso a vivienda digna y decorosa
Luego de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, donde se reconoce el derecho a una vivienda adecuada, por votación unánime, diputados del Congreso del Estado aprobaron reformar el artículo 1 de la Constitución del Estado y el artículo 2 de Ley de vivienda del estado de Sonora.
“Nuestra Carta Magna establece como un Derecho Humano que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; y la Ley de Vivienda, nos ilustra con el concepto de vivienda digna y decorosa como la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión” explicó la Diputada Ely Sallard en representación de su bancada.
Destacó que en nuestro país, se estima que el 38,4 por ciento de la población habita en una vivienda no adecuada, según cifras de ONU-Habitat, por lo que es imperante que los alcances en los preceptos jurídicos sean más amplios, y dejar de ver a la vivienda únicamente como un derecho que cumpla ciertas disposiciones, sino que sea un espacio integral de desarrollo.
La presente Ley reconoce que el derecho a una vivienda adecuada deberá cumplir con los siguientes elementos: Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión; disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios públicos; habitabilidad, seguridad estructural y condiciones higiénicas para evitar riesgos a la salud.
Así mismo debe contar con asequibilidad, de acuerdo con el nivel de ingresos de sus adquirentes o usuarios; también accesibilidad a todos aquellos que, por sus circunstancias de edad, capacidad física o salud, requieren de condiciones especiales para resolver sus necesidades habitacionales y garantizar su movilidad urbana.
Contempla también ubicación, tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, entre otros.
“Una vivienda es un hogar donde nos protegemos y nos desarrollamos, es donde aprendemos los valores desde el núcleo familiar, donde verdaderamente recibimos una educación y formación social, una vivienda siempre es especial.
En este sentido, todos los servidores públicos y autoridades, en el ámbito de nuestra competencia, y sobre todo como legisladores tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero también tenemos la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos sin que se limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan”, enfatizó la diputada Ely Sallard.
